El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
Tras más de dos meses de intensa controversia, la Corte Suprema ha determinado que será la justicia ordinaria la encargada de esclarecer los trágicos eventos que rodearon la marcha militar en Putre, donde perdió la vida el joven Franco Vargas. Este hecho, que conmocionó a todo el país, ha puesto bajo escrutinio al Ejército chileno, que enfrenta acusaciones de negligencia y maltrato. El incidente ocurrió durante una marcha en el sector de Pacollo, donde Vargas, un conscripto, sufrió un colapso fatal. Según testimonios de sus compañeros, las condiciones de la marcha eran extremas y carecían del equipamiento adecuado y condiciones higiénicas mínimas. Estos reclamos fueron respaldados por la comunidad y por el propio director del Centro de Salud Familiar de Putre, quien desmintió la versión inicial del Ejército sobre la atención médica proporcionada a Vargas. Las contradicciones en los informes iniciales del Ejército llevaron a la destitución de seis oficiales implicados en la organización de la marcha, mientras que el comandante en jefe, Javier Iturriaga, admitió que la información inicial entregada por la institución fue imprecisa. Además, se presentó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detallando no solo negligencia médica, sino también acusaciones de malos tratos generalizados. Los conscriptos que decidieron abandonar el servicio militar relataron un ambiente de hostilidad y abuso verbal por parte de sus superiores, incluyendo insultos homofóbicos y amenazas de violencia sexual contra familiares peruanos. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente , con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo, 'te están cagando con otro, pelao cachúo' (sic), dice la querella. 'Hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana’”, eran otras de las frases que decían los instructores según la querella. “En la ‘enfermería’ les trataban con desprecio con frases como ‘roto asqueroso’, y el trato permanente y habitual era ‘pelao culi...’ o ‘pelao conchetuma....’; (sic) así como repetían la frase ‘un pelao menos es mejor’ aún después del fallecimiento de uno de los jóvenes que se encontraba en campaña con ellos, Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente. En ocasiones los cabos, les decían cosas muy vulgares y denigrantes , y más que eso, cosas degeneradas y enfermizas. Les decían que, si estuviéramos en una guerra, los peruanos vendrían y violarían a sus familias; a sus mamás, hermanas, niñas y mujeres chilenas y que, antes que eso pasara, ellos tenían que pasar la frontera y violar a las mujeres peruanas , relata en la querella otro de los conscriptos, señala la querella otro de los conscriptos.
En una reciente actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su llamado a avanzar en el levantamiento del secreto bancario como parte del proyecto de ley de inteligencia económica. Este proyecto, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado en el país. Monsalve destacó la importancia de mantener en reserva los datos de las investigaciones para asegurar su éxito, enfatizando que es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. El subsecretario subrayó que el reciente caso de la detención de cinco ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, implicados en el almacenamiento de drogas en Santiago, ilustra la efectividad de privar a los criminales de su patrimonio como método para combatir el crimen organizado. El secreto bancario hay que mejorarlo, declaró Monsalve, reafirmando su posición en medio del debate público generado por recientes controversias con autoridades locales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. En respuesta a acusaciones sobre supuestos vínculos de financiamiento narco en la política, Monsalve sugirió que cualquier imputación debería ir acompañada de un levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades implicadas.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
Tras más de dos meses de intensa controversia, la Corte Suprema ha determinado que será la justicia ordinaria la encargada de esclarecer los trágicos eventos que rodearon la marcha militar en Putre, donde perdió la vida el joven Franco Vargas. Este hecho, que conmocionó a todo el país, ha puesto bajo escrutinio al Ejército chileno, que enfrenta acusaciones de negligencia y maltrato. El incidente ocurrió durante una marcha en el sector de Pacollo, donde Vargas, un conscripto, sufrió un colapso fatal. Según testimonios de sus compañeros, las condiciones de la marcha eran extremas y carecían del equipamiento adecuado y condiciones higiénicas mínimas. Estos reclamos fueron respaldados por la comunidad y por el propio director del Centro de Salud Familiar de Putre, quien desmintió la versión inicial del Ejército sobre la atención médica proporcionada a Vargas. Las contradicciones en los informes iniciales del Ejército llevaron a la destitución de seis oficiales implicados en la organización de la marcha, mientras que el comandante en jefe, Javier Iturriaga, admitió que la información inicial entregada por la institución fue imprecisa. Además, se presentó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detallando no solo negligencia médica, sino también acusaciones de malos tratos generalizados. Los conscriptos que decidieron abandonar el servicio militar relataron un ambiente de hostilidad y abuso verbal por parte de sus superiores, incluyendo insultos homofóbicos y amenazas de violencia sexual contra familiares peruanos. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente , con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo, 'te están cagando con otro, pelao cachúo' (sic), dice la querella. 'Hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana’”, eran otras de las frases que decían los instructores según la querella. “En la ‘enfermería’ les trataban con desprecio con frases como ‘roto asqueroso’, y el trato permanente y habitual era ‘pelao culi...’ o ‘pelao conchetuma....’; (sic) así como repetían la frase ‘un pelao menos es mejor’ aún después del fallecimiento de uno de los jóvenes que se encontraba en campaña con ellos, Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente. En ocasiones los cabos, les decían cosas muy vulgares y denigrantes , y más que eso, cosas degeneradas y enfermizas. Les decían que, si estuviéramos en una guerra, los peruanos vendrían y violarían a sus familias; a sus mamás, hermanas, niñas y mujeres chilenas y que, antes que eso pasara, ellos tenían que pasar la frontera y violar a las mujeres peruanas , relata en la querella otro de los conscriptos, señala la querella otro de los conscriptos.
En una reciente actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su llamado a avanzar en el levantamiento del secreto bancario como parte del proyecto de ley de inteligencia económica. Este proyecto, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado en el país. Monsalve destacó la importancia de mantener en reserva los datos de las investigaciones para asegurar su éxito, enfatizando que es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. El subsecretario subrayó que el reciente caso de la detención de cinco ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, implicados en el almacenamiento de drogas en Santiago, ilustra la efectividad de privar a los criminales de su patrimonio como método para combatir el crimen organizado. El secreto bancario hay que mejorarlo, declaró Monsalve, reafirmando su posición en medio del debate público generado por recientes controversias con autoridades locales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. En respuesta a acusaciones sobre supuestos vínculos de financiamiento narco en la política, Monsalve sugirió que cualquier imputación debería ir acompañada de un levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades implicadas.
